NJ131 - Mayo 2017

Edición #131 – Mayo

Ley Orgánica de Movilidad Humana: comentarios

Análisis: Luis Narváez Rivadeneira

A partir de que la denominada “Coalición por las Migraciones y el Refugio” (entidad no gubernamental), hubo de desarrollar “insumos para la construcción de una legislación respetuosa y garante de los derechos de las personas en movilidad humana”, la puesta en vigencia de la Constitución de Montecristi (2008), introdujo en el más alto grado normativo del ordenamiento jurídico nacional el concepto de “movilidad humana”.

La novísima Ley Orgánica de Movilidad Humana, vigente desde enero de 2017, dejó en claro que la LOMH “tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares”, e incorporó en la LOMH un andamiaje jurídico de estructura formal.

En la configuración del esquema institucional se aprecia que la rectoría de esta Ley, de modo difuso, se la ubica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mientras que a la vez se nominan como responsables de la ejecución de retazos normativos a otros estamentos institucionales a los cuales se les endilga -asimismo de manera difusa- rectorías concurrentes, tal cual se colige al leer las referencias que se hacen para una “autoridad de movilidad humana”, para una “autoridad de control migratorio”, y para las “demás entidades públicas relacionadas a la movilidad humana”.

Acerca de lo que deberíamos entender por “institucionalidad”, como uno de los efectos futuros de la LOMH, en un horizonte de tales previsiones, conviene adelantar que la praxis en materia de “movilidad humana”, urbi et orbi, compromete la concurrencia de los actos jurídicos reconocidos por la legislación nacional, por un lado, y al mismo tiempo, por otro, compromete el reconocimiento de los actos jurídicos convencionales consagrados en los instrumentos internacionales, incluso en aquellos que sin tener carácter vinculante directo emanan de los principios pro ser humano y de la costumbre admitida como fuente del derecho internacional.

A partir de una indispensable precisión reglamentaria podríamos tener el marco institucional y normativo para ubicar la asignación de atribuciones y deberes que corresponderían al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana (con la indispensable modificación a la Ley Orgánica del Servicio Exterior), y complementariamente señalar en ella expresamente a los entes rectores concurrentes en materias concretas y específicas, convergentes para la ejecución de las políticas públicas del Estado.

SUSCRÍBASE AQUÍ

Ediciones 2017

Mayo

NJ131 - Mayo 2017

Abril

Marzo

Febrero

Febrero

Enero

Enero 2017

Ediciones 2016

Diciembre

diciembre

Noviembre

noviembre

Octubre

octubre

Septiembre

septiembre

Agosto

agosto

Julio

julio

Junio

junio

Mayo

mayo

Abril

abril

Marzo

marzo

Febrero

febrero

Enero

nj-enero