Varios cuestionamientos con respecto al Procedimiento Abreviado

El Procedimiento Abreviado es un mecanismo alternativo que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal – COIP, cuyo objetivo es dar por terminado un proceso judicial con mayor celeridad.

A esta figura se acogen para quienes han cometido delitos que no superen los 10 años de prisión. El acogerse al Procedimiento Abreviado tiene beneficios como la reducción de penas de hasta un tercio de la sanción menor.

Esta salida alternativa se puede presentar desde que se inicia la formulación de cargos hasta la etapa de la audiencia  preparatoria de juicio Beatriz Rodríguez, Jurista manifiesta: “La forma de reparar a la víctimas en este tipo de delitos no es económica sino por medio del castigo y que este no sea ínfimo para el acto cometido”.

El Procedimiento Abreviado ha sido de mucho cuestionamiento, puesto que se aplica cuando se han cometido delitos graves, en los cuales, como por ejemplo, se ha atentado contra la vida de las personas.

Además opina que estos casos deberían ser tratados en juicios ordinarios en los que se respeten cada una de las etapas tanto al procesado como a los afectados. Por eso el Estado deberían propender a que existan reparaciones significativas para los afectados.

Beatriz Rodríguez adiciona que este modo de adjudicación del delito debe ser voluntario y que al procesado se le debe explicar en un lenguaje normal y no técnico, para que así comprenda de mejor manera las consecuencias legales que le acarreará someterse a esta forma rápida de resolver su juicio. 

Juan Carlos Garcés, de la Defensoría Pública de Pichincha, dice: “Se evita que el Estado tenga el desgaste de todo un proceso de investigación e incluso se lo puede iniciar el mismo día de la audiencia de flagrancia, poco tiempo después de que el procesado haya sido detenido”.

El funcionario explica que no todos quienes cometan delitos pueden entrar en este beneficio, como por ejemplo en el delito asesinato o femicidio este recurso no es factible, puesto que  en esos casos superan los 10 años de cárcel y se seguirá con el procedimiento ordinario.

 Juan Carlos Garcés concluye manifestando lo siguiente: “La persona está aceptando que participó del hecho fáctico. Un juez está en la potestad de ratificar la inocencia a pesar de que se acepte este hecho fáctico”. 

Fuente: www.lahora.com.ec

Nota: La información contenida en este  artículo es de exclusiva responsabilidad de quien la ha originado y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de Ediciones Legales.

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